Arranca en Les Corts la Comisión que debate la futura Ley de Viviendas Colaborativas de la Comunitat Valenciana

La Comisión de Obras Públicas, Infraestructuras y Transportes se ha reunido en la primera jornada de trabajo sobre la Proposición de Ley de Unides Podem-Esquerra Unida que regulará las viviendas colaborativas en la Comunitat Valenciana, una demanda que llevan tiempo pidiendo los colectivos del sector y que contará ahora con esta nueva normativa acordada con el refrendo del Botànic.

En ella han intervenido Luis Sendra, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, la Catedrática María Pilar Alguacil, en representación de la Federación de Cooperativas de Viviendas y Rehabilitación de la Comunidad Valenciana (FECOVI) y David Guàrdia, coordinador de Sostre Cívic, SCCL, en las comparecencias de la fase de participación ciudadana del procedimiento de tramitación de la ley.

Esta nueva fase que inicia el tramo final de la Ley de Vivienda Colaborativa, llevará a la Comunitat Valenciana a convertirse en una referencia en la regulación e impulso de este modelo que aborda el derecho a la vivienda de forma no especulativa, dando respuesta a la demanda ciudadana de hacer frente a las lógicas descarnadas del mercado inmobiliario y poniendo en el centro la vivienda en su calidad de derecho, reconociéndose como el lugar donde se desarrollan los cuidados que sostienen la vida y, sobre todo, incentivando nuevas formas de vivir que colectivicen esos cuidados.

Asimismo, la labor de la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática de la GVA, con Héctor Illueca a la cabeza, ha sido imprescindible, pues de ella parten todas las bases de la normativa, tras las múltiples reuniones de trabajo con hasta catorce cooperativas de viviendas colaborativas integradas en la coordinadora Cohabitem.

La Diputada Naiara Davó ha explicado que «Ley regula las viviendas colaborativas en régimen de cesión de uso y gestionadas como cooperativa sin ánimo de lucro o de asociación, tanto aquellas que sean públicas como privadas». Este nuevo modo residencial, que pasa a ser considerado de interés social y deberá incorporar espacios o dependencias para uso común en al menos un 20% de la superficie para desarrollar algunas de las funciones inherentes al uso residencial, y/o la prestación de servicios comunitarios y sociales.

Al mismo tiempo, cabe destacar que la Ley de Viviendas Colaborativas responde a la necesidad de reglamentación del cohousing y busca facilitar el empoderamiento ciudadano en forma de poder gestionar cómo quiere vivir y promover la máxima convivencia evitando situaciones de dependencia y soledad, además de instaurar modelos de residencia sostenibles ambiental y económicamente. Por ello, la norma incluye el asesoramiento gratuito y dota al modelo de bonificaciones fiscales a la hora de efectuarlo.

FUENTE: EL PERIÒDIC